Economia Despidos: a 8.000 trabajadores no se les renovó el contrato  En el último año el Estado incorporó unos 8.000 nuevos contratos y, en principio, esta misma cantidad de contratos son los que se han dado de baja hasta la fecha, según señalaron a ámbito.com fuentes oficiales de la Casa Rosada. En muchos casos se trata de decisiones "políticas" -sostienen- y de empleos innecesarios para el funcionamiento del sector público. Los despidos que se están produciendo ya generaron innumerables protestas. En particular la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), estima que en los próximos días implementarán "medidas de acción directa" y no descartan el llamado a "un paro nacional".
Según la entidad sindical ya se llevan "unos 15 mil estatales despedidos, tanto en la administración nacional, como en las provincias y municipios, y si bien dijo que algunos fueron reincorporados, en la segunda quincena del mes "ha recrudecido esta serie de despidos masiva", indicó en declaraciones periodísticas Hugo Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
En tanto, en el gobierno descartan estas cifras y explican que el universo que están analizando es el de los 24.000 contratos que fueron celebrados en los últimos tres años. El proceso de revisión concluye el 31 de marzo. Sin embargo, en la propia Casa Rosada este viernes se conoció el despido de personal con más de 20 años de antigüedad, personal que concurría diariamente a su puesto de trabajo.
Tal es el caso Eduardo Moli, quién hace más de 40 años que se ocupa del área de mantenimiento de la Casa Rosada, Moli fue uno de los empleados destacado por su trabajo por el presidente Mauricio Macri, en ocasión del brindis por la Fiestas de Fin de Año. Cabe señalar, que Moli lejos de ser un "noqui" podría decirse que es un "imprescindible" para mantener funcionando a la vieja sede de la sede gubernamental.
Otro tanto pasó con el personal con más de 18 años que se desempeñaba en al sección Documentación quienes de buenas a primeras y sin ningún tipo de explicación fuero despedidas.
Estos ejemplos contradicen el espíritu informado en más de una oportunidad por el Gobierno a través del Ministerio de Modernización quienes sostienen que se están revisando los contratos celebrados en los últimos tres años y especialmente de aquellos que no ejercen función alguna. Esta semana, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, brindaría un informe detallado de la situación de los contratados y del personal que trabaja en las distintas reparticiones estatales.
Según información oficial, son 64.000 los contratos con que cuenta el Estado, de los cuales unos 24.000 fueron celebrados a partir de 2012, con un crecimiento del 50% respecto de los últimos años. En el año 2015 fueron unos 8.000 los contratados incorporados.
A su vez, de los ingresados en los últimos tres años, entre 10.000 y 15.000 están encuadrados en el artículo 9 de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público, según afirmaron a ámbito.com fuentes oficiales. Esta norma establece la contratación transitoria pero con recibo de sueldo, vacaciones, aguinaldos, etcétera, es decir los beneficios que no contemplan los llamados por los gremios "contratos basura" a través de las universidades.
Fuente oficiales insisten resaltar que "la administración pública tiene casi 600.000 empleados y que sólo están relevando menos del 10%, que son contratos temporales y no de planta permanente". Además, indican que se han encontrado miles de irregularidades como por ejemplo que más de 500 personas tenían contratos de Asistencia Técnica con Universidades pero no consta que tuvieran tareas asignadas.
Sin embargo, parece que la revisión no fue efectuada con la rigurosidad necesaria ya que están "cayendo justos por pecadores", precisan aún dentro del propio Gobierno.
En tanto, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), el otro gremio que representa a los empleados estatales cuyo líder es Andrés Rodríguez ha mantenido una actitud más conciliadora incluso y ante el despido de trabajadores de la Casa Rosada con más de 20 años de antigüedad no se logró que levanten la voz. Este medio intentó en numerosas oportunidades contactarse para recabar su opinión sin resultado. Los propios trabajadores del Estado deslizan críticas al accionar de UPCN, sostienen que avaló la realización de "contratos precarios" supuestamente con la promesa de lograr incorporaciones. Lo cierto es, dicen las autoridades, es que el gobierno saliente "no cumplió con este compromiso con UPCN y se ocupó sólo de las incorporaciones de los militantes".
La decisión de revisar estas contrataciones ha levantado numerosas críticas de distintos sectores de la sociedad y desde el Gobierno contestan con algunos ejemplos que muestran que muchos cargos sólo se explican por razones políticas.
Algunos ejemplos brindados por fuentes oficiales:
• En el Hospital Posadas registraron más de 1.500 designaciones en el último año, todos militantes de Nuevo Encuentro que no asisten a su lugar de trabajo.
• Reparticiones que contaban con un sólo teléfono pero tienen hasta 10 telefonistas.
• Sobre la culminación del pasado gobierno, a principios de diciembre, se nombró al director de la Escuela de Salud Publica quien decidió la incorporación de 200 personas del Movimiento Evita. Ninguno iba a trabajar.
• Más de 500 personas de dotación del Centro Cultural Kirchner no tenían ni conducción ni programas de trabajo.
• Alrededor de 400 "militantes" que no figuran en la planta de personal ni cuentan un lugar físico para el desempeño de tareas.
• Uno de los lugares donde se encontraron más irregulares es el INDEC. Unas 250 personas venían cobrando hace varios meses pese a que los expedientes que les darían sustento a esas contrataciones no fueron culminados de manera legal. Por ejemplo, 40 personas cobraban sus haberes pese a que la única documentación en el legajo era la fotocopia del DNI (las normas establecen que deben figurar los certificados de estudios, planillas con los datos del empleado, funciones, etcétera). Fueron dados de baja.
• Detectaron 50 personas que en los sistemas de presencia tenían un promedio de menos de dos horas por día. Fueron dados de baja.
• En el Ministerio de Cultura 30 personas se encargan de hacer el resumen de noticias ("equivalente a toda una redacción de un diario chico", señalan).
• En el Senado, uno de los directores generales que estaba por asumir pasó por la oficina y encontró 3 personas. Sin embargo, al momento de hacerse cargo de sus funciones lo recibieron más del 35.
• En el Ministerio de Justicia: 50 personas viven en el interior y no tienen registros de ingreso al Ministerio pero cobraban el sueldo.
• En el Ente Binacional Yaciretá más de 130 personas contratadas que no asistían a su puesto de trabajo.
• Secretaría de Comercio: 130 personas contratadas que no desempeñan tareas específicas.
• En el Instituto Malvarán ingresaron 200 personas contratadas que sólo militaban en movimientos sociales sin presentarse al puesto de trabajo.
• Lo mismo ocurría en Fabricaciones Militares: 190 personas contratadas que sólo militaban en movimientos sociales sin presentarse al puesto de trabajo.
• En la Secretaría de Medios se registró a 500 personas contratadas repartidas en apenas 3 oficinas.
• En el Ministerio de Justicia había 500 personas contratadas a partir de junio 2015 que no cumplían funciones específicas asignadas. Por caso, Infojus Noticias funcionaba como aparato de propaganda del Gobierno con 230 empleados. En la Rosada argumentan que la Corte Suprema cuenta con un sistema de información similar y se elabora con menos de 20 personas.
• En el Ministerio de Cultura. En la Biblioteca Nacional trabajan cerca de 1.000 personas con tareas superpuestas. A modo de ejemplo, la Biblioteca Nacional de Colombia, que es de características similares a la nuestra, opera perfectamente con menos de 200 personas, indican fuentes del Gobierno.
• Ineficiencia
Las nuevas autoridades del Ministerio de Modernización sostienen que además del empleo improductivo, en muchos casos las tareas eran realizadas de manera ineficiente. Un caso es el Plan Argentina Sonríe, del Ministerio de Salud. Por este plan se compraron varios camiones para soportar Tornos móviles de última generación y no se tuvo en cuenta que los camiones no tenían la suspensión apropiada para que los tornos no se desequilibren. Conclusión: nunca se pudieron utilizar y el programa hoy está en revisión.
También critican la utilización de fondos públicos con destino a "propaganda partidaria". Al respecto citan el programa "Fortalecimiento de la democracia", en el Ministerio del Interior, mediante el cual se financiaba con dinero del Estado la realización de material impreso -Manuales "K"- y actividades de militancia.
Por el contrario, las nuevas autoridades señalan "los casos de Agentes Gubernamentales, que son empleados de gran trayectoria en el Estado y muy especializados, a quienes hace cuatro meses no le daban funciones". Al respecto, sostienen que "hoy ellos son un gran valor en nuestro equipo y de estos casos, estamos relevando miles".
También rescatan a numerosos empleados que fueron incorporados durante los 12 años en los que gobernó el kirchnerismo y que constituyen aportes valiosos a la función pública. "Irónicamente - sostienen - muchos de ellos son los que cobran las menores remuneraciones".
Las autoridades del Ministerio de Modernización no dejan de asombrarse de los casos que encuentran en las oficinas del Estado. "Se ha llegado a detectar hasta una docena de personas en una sola oficina que cobraban sueldos y no iban a trabajar", apuntan.
En este último caso, se trata de los llamados "Convenios de Asistencia Técnica", modalidad por la que varias carteras acordaron con distintas universidades nacionales (las que más se repiten son la de San Martín, la de Tres de Febrero y la Matanza) la provisión de personal -por cientos- en cada ministerio para cualquier tipo de tarea, desde las poco calificadas a algunas con más especialización.
La operatoria consiste en que "el ministerio le adelanta a la universidad una suma de dinero, millonaria por cierto programa anual y recibe la provisión de personal que nadie controla ni se sabe bien que tareas hacen", evalúan en el Ministerio de Modernización.
La intención de las autoridades, adelantan, es terminar hacia fines de marzo con la evaluación de los contratos firmados en los últimos tres años y tender a jerarquizar la función pública volviendo a realizar concursos.
Fuente: ambito
Lunes, 1 de febrero de 2016
|
